“¡Asesinos, asesinos, asesinos!” gritaban por la avenida Santander, el pasado cuatro de Marzo, los estudiantes de la U de Caldas en la protesta contra el TIM. Querían que los escucharan y lo pensaban lograr con la marcha. No estaban de acuerdo con el nuevo sistema de transporte de la ciudad, pues opinaban que era un atropello de la Alcaldía.
Las arengas en movimiento se detuvieron aquella mañana, cuando se toparon con un Escuadrón Móvil Antidisturbios, que no los dejó avanzar con la manifestación. Los de la fuerza pública estaban armados y preparados para detener el paso de los estudiantes hacia su destino, el CAM. El Centro se estaba convirtiendo en un caos.
Conflictos de ciudad como éste se han trasladado a los espacios universitarios desde hace varias décadas. Rectores, decanos, profesores y estudiantes han sido blancos de amenazas, persecuciones y asesinatos. Estos miembros de la comunidad académica se suman a los desaparecidos que según la Fiscalía desde 1989 suman 25.185 personas, sin contar los falsos positivos.
La pelea entre el establecimiento y los universitarios estaba casada desde hace varias décadas. Según Alfredo Molano, en su reportaje En pie de lucha de El Espectador, los primeros conflictos se generaron cuando los sectores populares de las instituciones se sintieron indignados por el manejo que se le estaba dando al Estado.
Del activismo político de los universitarios en Colombia se tiene memoria antes de que entraran en auge los movimientos estudiantiles en todo el mundo. El primer episodio: después de la revuelta contra el ex presidente Abadía Méndez y el asesinato del estudiante Gonzalo Bravo Páez, cuando la Policía disparó contra un grupo de estudiantes en 1929. Acto seguido: la oleada de desapariciones de estudiantes, que aún están impunes.
La acallada al estudiantado siguió. Años más tarde con el levantamiento contra Rojas Pinilla, tras la masacre de varios estudiantes en 1954 y catorce años después en el agitado 1968, con la rebelión contra la Constitución de 1886.
Posteriormente hicieron carrera los grupos anarquistas, como fuerza opositora para la abolición del Estado. Este tipo de agrupaciones fueron férreas críticas al gobierno de Álvaro Uribe, al que catalogaron de “instigar una histeria desde los medios de comunicación”, como mencionó uno de sus miembros. En su momento, la tensión llegó al punto máximo con los famosos videos de la senadora Gina Parody, con los que se pretendía señalar al movimiento estudiantil como una organización insurgente.
La protesta es económica
Los estudiantes de las universidades públicas de la ciudad han sido defensores del derecho a la educación, en su concepto de gratuidad, objetivo dispuesto para la educación superior en el Plan Decenal del gobierno nacional.
Sin embargo, el auxilio económico para lograr ese objetivo aún sigue lejos de cumplirse. “Desde los años 90 los presupuestos de todas las universidades públicas han permanecido congelados, pero las obligaciones de calidad y cobertura se han duplicado”, menciona Molano en su publicación.
La inconformidad del alumnado es evidente, pues los recortes presupuestales restringen los contenidos académicos de los pregrados. La noticia de la aprobación del Presupuesto General de la Nación para 2010, que brinda más recursos a la guerra que a la educación, no cayó muy bien en la comunidad universitaria.
Los universitarios quedaron prevenidos. Yolima Lemus Restrepo, de la Universidad Nacional, se integra con los representantes estudiantiles y con los demás líderes para analizar el porqué hay que luchar. “Últimamente acá se habla mucho del presupuesto, pues no está cubriendo los gastos que se tienen en la universidad”, cuenta la líder.
A la preocupación de estudiantes se suma Moisés Wasserman, rector de la Nacho, quien en su momento calificó el presupuesto como “cínico”, debido al pasivo pensional que deben enfrentar las instituciones que están al borde de la quiebra.
La tormenta económica también azota a la Universidad de Caldas. Los estudiantes aducen estar intranquilos por las repercusiones que este asunto tenga sobre la academia. “Siempre buscamos la alternativa de hablar primero para buscarle soluciones a estos temas, pero si esto no funciona optamos por las vías de hecho”, comenta Víctor Hugo Acosta, integrante del Consejo Académico.
Influencias de movimientos
Las ideologías de centro e izquierda han estado históricamente presentes en las manifestaciones de los estudiantes. Simpatizantes del Movimiento Obrero Independiente Revolucionario (MOIR), de la desaparecida Unión Patriótica (UP), del Movimiento 19 de Abril y de la Juventud Comunista (JUCO) han hecho parte de los mítines convocados en las instituciones de la ciudad.
Julian M., así no más, pertenece a la JUCO y orgullosamente habla sobre la que llama “batalla que debe enfrentar para que respeten sus derechos educativos”. Para él, los mecanismos como asambleas y paros son necesarios en la comunidad académica.
“Esos actos se hacen como una respuesta del estudiantado por no habernos vinculado dentro de algunos procesos que se realizan en la universidad, como el cambio de estatuto, las modificaciones en bienestar universitario o las elecciones de decano”, cuenta con ánimos de revolución, como lo definen algunos, el miembro del movimiento.
La ideología de los universitarios ha estado en contravía de las mayorías políticas impuestas en el país. El abismo se acrecentó durante los dos periodos de Uribe en los que instituciones como la Universidad Industrial de Santander, la Pedagógica de Bogotá, la de Caldas y la Nacional, entraron en largas temporadas de asambleas generales y paros.
Para muchos, el ex presidente Uribe violó el concepto de autonomía universitaria al permitir el ingreso de la Policía a los establecimientos educativos donde se presentaban disturbios. “La Fuerza Pública tiene la orden de judicializar y capturar a todos los integrantes de la comunidad universitaria que estén en acciones violentas”, declaró el presidente en su momento.
Los hechos aumentaron la polarización política del país y no calmaron las tensiones entre autoridades y estudiantes. Por el contrario, la incertidumbre de la financiación llevó a casos como la retención del rector de la Nacional, por más de cinco horas en octubre de 2009, para presionar la discusión de la asignación de recursos en la institución.
Los intereses estatales parecen estar encaminados a otros fines que no son precisamente la educación. Según cálculos del profesor Libardo Sarmiento, consultor de Unicef, un soldado profesional le cuesta al país $60 millones anuales y en contraste, un estudiante de la universidad pública le cuesta ocho millones.
Mientras eso ocurre, el activismo político en las universidades del país seguirá presente para reclamar y exigir garantías que cumplan con el derecho a la educación, que en nuestro país sufre continuas violaciones.
Lina Villegas
Ricardo González Duque