Un delito tipificado en el Código Penal hasta 1981, una enfermedad mental consagrada por la Organización Mundial de la Salud antes de 1990 y ahora una “anomalía sicológica” para el magistrado de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla. Esas han sido las denominaciones para el homosexualismo.
Cuando Colombia se prepara para que esa Corte entregue su fallo definitivo sobre la aceptación o no de los matrimonios y la conformación de familias entre personas del mismo sexo, las declaraciones de Pinilla son poco garantes del proceso que se adelanta para dictar la sentencia. Sus afirmaciones parecen caer en el sesgo ideológico en el que ha estado inmerso el procurador ultra conservador de la Nación, por sus convicciones religiosas.
Acá inicia la paradoja. ¿Cómo es posible que un ‘guardián de la Constitución’, como es un magistrado de esa Corte, desconozca el mandato laico de ésta y quiera implementar su pensamiento religioso en la legislación nacional? El interés de la Constituyente del 91 por la libertad de cultos va más allá de permitir las diversas manifestaciones y aboga por las garantías del Estado para que en asuntos oficiales no prime ningún culto. ¡Pero esos son enrredos!
Nunca antes el Estado colombiano había estado tan permeado por los asuntos religiosos imperativos del catolicismo: ministros, funcionarios y hasta organismos de control en manos de radicales religiosos de corrientes como el Opus Dei. Con esas condiciones, no se podría estar cerca el humo blanco a favor de las uniones homosexuales.
El mundo, sin embargo, está tras esa lógica. Los propósitos de inclusión se han convertido en el común denominador de las causas mundiales: contra el racismo, la xenofobia y a favor de las comunidades LGTB.
Pero hasta ahora sólo 10 países y algunas jurisdicciones de Estados Unidos, han permitido estas uniones por la vía legal, manteniendo aún en vilo a millones de homosexuales sin garantías de seguridad social o de patrimonio familiar con sus parejas.
La liberación llegó a América Latina por el sur. Argentina fue el primer país que aprobó la enmienda legislativa que le daba vía libre a este tipo de uniones civiles para conformar una familia, muy a pesar y luego de presiones infructuosas de la influyente Iglesia Católica.
En Colombia, sin embargo, la espera será hasta noviembre cuando se dé el fallo, y aunque algunos manifiestan optimismo por el posible fallo a favor, no se puede olvidar que somos el país más ‘godo’ del Nuevo Mundo y que una decisión de esas sería una atentado a las leyes de la Santísima Trinidad.
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